Tras la pandemia se ha impulsado con carácter horizontal la digitalización en todos los ámbitos, lo que afecta, por supuesto, al ámbito de los procedimientos públicos incluso en sectores complejos como el de la edificación y la construcción. La Unión Europea, con la base jurídica del artículo 4, apartado 2, letra a), y artículos 26, 27, 114 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, avanza hacia un mercado único digital, que impulsa la economía, reduce el impacto ambiental y mejora la calidad de vida mediante el comercio electrónico y la administración electrónica 1 .